Se citará a comparecer a funcionarios ministeriales de la pasada administración estatal
Juan Carlos Huerta Vazquez
14 de marzo 2025.- La Fiscalía Estatal Anticorrupción inició una indagatoria sobre presuntas omisiones de personal ministerial y forense que participó en las investigaciones derivadas de la incursión de la Guardia Nacional en el Rancho Izaguirre, verificada en septiembre de 2024.
El fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, refiere que está indagatoria es independiente a la facultad de atracción que ordenó el gobierno federal, para que el caso quede en manos de la FGR, «pero a ellos les corresponde atraer la investigación por el tema de la delincuencia organizada, sin embargo, el actuar de los servidores públicos que tomaron conocimiento de esos hechos desde que se detiene a un grupo de personas, a diez personas se detuvo en el lugar, desde ese momento hay actuaciones que los servidores públicos del área de Procuración de Justicia y prevención en materia de seguridad, debieron haber realizado”.
En esta investigación participa la dirección de visitaduría, que el el órgano sancionador de los servidores públicos en Jalisco, y el Fiscal de la Cruz Tovar, anticipa la comparecencia de funcionarios y exfuncionarios para esclarecer si las autoridades estatales y federales actuaron con exhaustividad en el procesamiento del lugar y si se cumplieron los protocolos de la cadena de custodia, «si no se hizo, fue porque no se investigó de manera adecuada, y eso genera responsabilidad para los servidores públicos».
El fiscal señala que la Guardia Nacional encabezó el operativo inicial y fue el primer respondiente, mientras que el Ministerio Público estatal inició las investigaciones en el fuero común, y anticipa que las instituciónes no debieron limite a investigar sólo los delitos de su competencia sin considerar un contexto más amplio del caso, «se analizará si el Ministerio Público ordenó, o no, el aseguramiento formal del lugar, y qué implicaciones tuvo esa decisión en la preservación de indicios».
El fiscal reconoce que la intervención de colectivos de búsqueda, ha sido fundamental y de mucho valor, aunque advirtió que la manipulación de indicios, después de meses de haberse generado, puede dificultar su procesamiento forense.
Víctimas de otros estados
En estás últimas diligencias se aseguraron de aseguraron algunos indicios entre los que se cuentan juguetes.
Así mismo, integrantes de colectivos de búsqueda participaron en una vigilia en la Glorieta de Los Niños Héroes en Guadalajara, llamada Glorieta de las y los desaparecidos, monumento urbano donde se colocan lonas, lozetas, y fichas de búsqueda de personas ausentes.
También se celebró una misa por las víctimas de los crímenes en el rancho de Teuchitlán.
Ahí, la representante del colectivo Guerreros Buscadores, Indira Navarro pidió ampliar operativo a otros municipios aledaños a Teuchitlan, «que no nada más se centrarán en el rancho, porque había evidencias en todos los alrededores. Muchísimas llamadas anónimas mencionaban otros ranchos, mencionaban otros lugares, que usaban igual como crematorios, entonces estamos hablando de todo el municipio general y pueblos aledaños, no nada más ahí».
Piden protección a los colectivos de búsqueda de personas
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado en el que destaca «graves omisiones por parte de autoridades que participaron en el aseguramiento del Rancho Izaguirre».
El documento refiere que estos indicios apuntan a la posibilidad de que el sitio haya sido utilizado para la retención y explotación de personas en condiciones de extrema violencia y deshumanización.
Es así que anuncia la atracción del caso del Rancho Izaguirre por la presunta violación a derechos humanos y por su impacto en el derecho a defender derechos humanos de las familias buscadoras, “la sociedad de Jalisco y de todo el país exige respuestas claras y contundentes frente a estos crímenes”.
La CNDH subrayó además la urgencia de una investigación diligente, transparente y exhaustiva, en la que las autoridades locales, estatales y federales asuman su responsabilidad y actúen con prontitud.
Asimismo, instó a la creación de un registro preciso de fosas clandestinas y a garantizar una participación efectiva de las familias en los procesos de búsqueda e identificación de restos.
También califica de indispensable establecer protocolos que faciliten el acceso de las familias a las investigaciones, garantizando su derecho a la verdad, la justicia y las medidas de no repetición.
Juancarlos Huertavazquez 