Imputan al alcalde de Tequila por el secuestro de contendientes políticos

Se nombró a encargados del despacho en la Presidencia Municipal y en la Comisaría

6-02-2026

El federal juez de control en Almoloya de Juárez, Mario Elizondo Martínez determinó la prisión preventiva oficiosa en contra del alcalde de Tequila, Diego “N”, el comisario de seguridad municipal Juan Manuel “N”. y el director de catastro y predial, Juan Gabriel “N”, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.

La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, para formular una estrategia jurídica antes que se les vincule a proceso.

A Diego y Juan Gabriel también se les imputó su posible participación en el delito de secuestro agravado por la privación de la libertad a Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez para forzarlos a renunciar a la precandidatura del partido Movimiento Regeneración Nacional, (Morena) por el municipio de Tequila, hechos registrados en marzo de 2021.

En el expediente se expone que el precandidato Guillermo fue citado en el restaurante La Posta, en la Carretera Internacional 604, en la colonia la Escondida de Tequila. Al lugar llegaron sujetos armados, quienes se lo llevaron por la fuerza hasta un lote baldío, donde lo torturaron para que renunciara a sus aspiraciones políticas.

Luego lo trasladaron a otro domicilio, en la colonia Obrera 1 en el municipio, donde lo golpearon de nuevo y lo obligaron para que llamara a Alejandro G, quien fungía como su suplente, y lo citara cerca de las oficinas del Instituto Nacional Electoral para que juntos renunciaran a sus candidaturas. También fue privado de su libertad, y lo llevaron a la misma casa de seguridad, donde lo golpearon.

Una vez torturados, ambos firmaron su renuncia a la candidatura, y después fueron liberados en la Colonia Infonavit. De esa manera la candidatura a la presidencia municipal fue para Diego N.

Al presidente municipal también se le fincaron cargos por delincuencia organizada, de tal manera que se le imputan tres delitos.

El edil compareció de forma presencial a la audiencia, mientras que sus coacusados, también funcionarios municipales, lo hicieron de manera remota por videoconferencia debido a que se encuentran recluidos en el Penal Federal de Cintalapa, Chiapas.

La audiencia se repondrá el martes 10 de febrero para la vinculación a proceso de los tés imputados, y determinar el tiempo en prisión preventiva.

Otras acusaciones
En el legajo del Ministerio Público, se señala que el alcalde habría encabezado una red de extorsión que afectaba tanto a pequeños y medianos comerciantes como a empresarios del sector tequilero, mediante el cobro de derecho de piso que iba desde 500 pesos hasta montos millonarios, bajo el argumento de que los recursos serían destinados a las arcas municipales.

Al alcalde morenista se le acusa de coordinar a sus subordinados para cometer diversos delitos, y cumplir con la entrega de 40 millones de pesos anuales que pactó con el Cártel Jalisco Nueva Generación que le habría financiado su campaña a la presidencia municipal.

La carpeta de investigación refiere que el asesor del edil es el tesorero del ayuntamiento, quien habría fungido como operador político y enlace con los grupos criminales regionales; actualmente se encuentra prófugo.

El alcalde tenía al comisario José Manuel, como el encargado de su brazo armado encargado de realizar secuestros, y para el cobro de cuotas a comerciantes, empresarios y artesanos.Se le identifica como enlace con el considerado operador del grupo delictivo, Severo Flores Mendoza, quien se identifica como «El Rey Mago», aludido en expedientes judiciales y se le señala como hostigador de corporaciones policiales.

En las denuncias interpuestas contra Diego N, se acusa al jefe de gabinete del Ayuntamiento de administrar los ingresos que el grupo criminal obtenía de los secuestros y extorsiones.

El expediente alude a otras personas como la esposa del presidente, al director de Padrón y Licencias, y a la directora de Recursos Humanos, como integrantes más de la red criminal, quienes huyeron y no se les ha localizado.

La indagatoria señala que el alcalde se presentaba con sus colaboradores y la policía municipal en negocios exigiendo dinero para dejarlos trabajar, tan solo a los comerciantes del centro histórico les exigía entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales, quienes no accedían a pagar eran secuestrados, algunos desaparecieron y se prevé que habrían sido asesinados.

Otras acciones
La policía estatal tutela la seguridad del municipio y efectuó una movilización en la colonia Los Colgados, en una finca del cruce de las calles Tabachín y Primavera.

El aseguramiento y revisión del inmueble estuvo a cargo de elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa Nacional, donde se decomisaron armas y equipo táctico, así como una camioneta de alta gama y granadas.

Se detectó que de 16 de los 147 policías municipales no tiene aprobación de sus exámenes de control de confianza y otros 18 resultaron fueron reprobados, estos últimos fueron retirados de las funciones operativas en la vía pública y asignados a labores administrativas.

A la revisión de armamento de la comisaría se localizó un cartucho calibre 50 ajeno a la corporación y una manopla.

Es así que se nombró al comandante de la Policía Estatal, Luis Pantoja Magallón, como encargado de la Comisaría, en la pasada administración fue comisario en la policía de Tlaquepaque.

Asimismo, el síndico del ayuntamiento, Omar Alejandro Ramírez Vélez, queda como encargado del despacho de la Presidencia Municipal. Él no era el titular del cargo originalmente, asumió cuando quien fue nombrado en la plantilla inicial, Francisco Javier Contreras Salazar pidió licencia, en julio de 2025, quien denunció hostigamiento laboral, y el despojo de su oficina por parte del alcalde.